La Nacionalización de las Minas

El 31 de octubre de 1952 Paz Estenssoro firmó el decreto de nacionalización de las minas en el campo de María Barzola en Catavi (Potosí). Uno de los postulados de la Revolución había sido la eliminación del llamado superestado minero. Entre abril y octubre de 1952 trabajó una comisión para estudiar las medidas a tomarse. Las presiones populares, canalizadas por la COB, definieron algunas dudas. El decreto se firmó contando con el control obrero; una medida política sin precedente en el continente, que demostraba fehacientemente la importancia capital del poder sindical, cuya fuerza se mostró nítidamente en los doce años de gobierno del MNR.

La nacionalización revertía al estado todos los bienes (yacimientos e instalaciones) de las tres grandes empresas: Patiño, Hoschild y Aramayo.

Para la administración de las minas del estado se creó la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) que comenzó su gestión con graves desventajas, escaso capital de operación y sobre todo maquinaria ya obsoleta y muchas vetas en franco descenso de producción o simplemente agotadas. La consecuencia lógica fue un altísimo costo de producción que hacía poco competitiva la exportación estañífera boliviana.

Los precios del estaño bajaron considerablemente entre 1951 y 1955 lo que determinó una sensible disminución de la producción que descendió de 20.000 toneladas anuales (1952) a 22.400 toneladas (1956). En el período 1952- 1964, la producción pasó de 32.472 toneladas a 24.412. El mejor año fue 1953 con 35.38 y el peor 1958 con 18.013. En 1952 nuestra producción representaba el 18,7 % de la producción mundial, en 1964 producíamos el 16,5 % de la producción mundial.

A estas condiciones desventajosas se sumó el famoso y demagógico “cambio de razón social”, mediante el cual se pagó beneficios sociales a todos los obreros de las minas nacionalizadas v luego se los volvió a contratar, lo que significó una erogación excesiva de dinero creándose además inflación. Por este hecho la COMIBOL se descapitalizó por un monto superior a los cien millones de dólares.

Es evidente, sin embargo, que el control de la minería por parte del estado evitó la desmedida fuga de divisas y permitió recuperar el beneficio íntegro de la producción minera para el país. Lamentablemente no se llevó a efecto la inmediata creación de hornos de fundición que rompiera la dependencia de las fundiciones extranjeras (básicamente de Patiño), con la consecuente pérdida del valor agregado al exportar el mineral prácticamente sin procesar.

La euforia de un proceso político inédito y la posibilidad real de parte del sector obrero del control directo de la más importante fuente de la economía nacional, trajo consigo los lógicos desajustes de un cambio estructural tan profundo. La inexperiencia administrativa por una parte y la forzosa aquiescencia a presiones sindicales por otra, determinaron un alto nivel de burocratización, (imputable también el partido gobernante) y un incremento excesivo de trabajadores y funcionarios especialmente en “exterior mina” (se inició en 1952 con 28.900, en 1955 habían ya casi 35.000). De acuerdo a un precepto constitucional se pagó a las empresas afectadas una indemnización de 21.000.000 $us. Entre 1953 y 1961, que obviamente salió de la propia producción.

Con todo, la administración directa de las minas permitió que importantes recursos se dedicaran a actividades de diversificación económica, muy especialmente para el desarrollo de la agropecuaria y la agro industria en los llanos orientales y a la capitalización de YPFB, lo que potenció a la empresa del petróleo haciéndola rentable y exportadora.

La consecuencia fundamental de la nacionalización fue la de haber transformado el funcionamiento del país al trasladarse el control de la economía de manos privadas a manos del estado (en 1952 las minas equivalían a más del 80% de los ingresos totales de la nación).

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