El problema agrario

La caracterización de Bolivia como una nación mayoritariamente indígena (52 % de la población según el censo de 1846), predominantemente rural (cerca del 90 %), con una población originaria de fuerte raíz cultural quechua-aimara (la falta de educación en el campo permitió la pervivencia vigorosa de las dos lenguas) y una estructuración social y productiva propias, permite entender la importancia clave de la cuestión agraria.

A lo largo del siglo XIX vivieron en tensión dos concepciones en relación al tema, quienes respetaron el ordenamiento colonial que reconocía la existencia de las comunidades como un sistema mayoritario y legitimo de tenencia de la tierra y quienes al amparo de las ideas liberales buscaron la desestructuración de la comunidad en favor de la hacienda latifundista a título de modernidad.

Las disposiciones de Bolívar y Santa Cruz (1825 y 1831) ratificaron el respeto a la comunidad, entre otras cosas porque el país vivía en buena medida del tributo indígena que sólo empezó a declinar a pan ir de 1860 con el auge de la plata. Hasta 1860 la recaudación por tributo indigenal cubría aproximadamente el 30 % de los ingresos fiscales de Bolivia.

El primer paso hacia el nuevo orden agrario se dio en el gobierno de Melgarejo. Las ideas de José Vicente Dorado, publicadas en 1864, plantea­ban sin eufemismos la necesidad de arrebatarles la tierra a los indígenas sobre la premisa de que costos, indolentes, ignorantes y carentes de conocimientos técnicos, mantendrían el estancamiento de la agricultura; en cambio los blancos progresistas mecanizarían el campo y lo harían más productivo. El indio, según Dorado, pasaría de propietario pobre a colono rico y acomodado. La cruel ironía de estas ideas que buscaban la feudalización, salta a la vista.

El 20 de Marzo de 1866 Mariano Melgarejo decretó la obligatoriedad para los indígenas de recabar sus títulos de propiedad pagando para ello entre 25 y 100 bolivianos según el caso. Les dio un plazo de 60 días, superado el cual las tierras entraron en pública subasta. Muy pronto comenzó el remate y la compra de tierras por parte de viejos y nuevos hacendados. Esta expoliación se reforzó en 1868 con la declaratoria de propiedad estatal de todas las tierras de comunidad. En 1860 el 65 % de las tierras eran de comunidad y más de 480.000 indios eran propietarios, mientras que sólo 80.000 eran colonos de hacienda. Esta realidad se revirtió progresivamente a lo largo del medio siglo siguiente en virtud de esta y otras medidas de los sucesivos gobiernos.

Las disposiciones melgarejistas (1866-1868) devinieron en fuertes levantamientos indígenas propiciados por el opositor Casimiro Corral. Es el caso del levantamiento de Huaicho (hoy Puerto Acosta) (1869-1870) en la frontera con el Perú y el de Ancoraime; (1870), ambos conducidos por el líder indio Luciano Villca, que tuvieron respuesta en acciones represivas del ejército con un saldo de varios comunarios muertos.

El gobierno de Morales, por iniciativa de su ministro Corral, aprobó la ley de 31 de Julio de 1871 que desconoce las medidas de Melgarejo y establece la devolución de todas las tierras de comunidad, a pesar de los reclamos de los hacendados que habían comprado y exaccionado las tierras en el período anterior. Ese proceso comenzó a realizarse poro quedó interrumpido con las leyes posteriores. La tensión subsistiría en los gobiernos siguientes, mostrando dos visiones opuestas sobre el problema agrario. En la línea de preservación del derecho indígena se inscriben los gobiernos de Morales, relativamente Adolfo Ballivián y Daza. En la del propiciamiento del latifundio, Melgarejo, Frías y todos los gobiernos conservadores y liberales sin excepción.

La ley de 5 de octubre de 1874 promulgada por Tomás Frías se conoce como de ex vinculación. La base de esta disposición fue el concepto de propiedad individual. La ley reconocía la propiedad soberana y personal de los indios sobre su tierra, pero rompía la comunidad, por eso se impuso el término ex-vinculación, porque fracturaba la base de una relación secular del indio con la tierra, que pasaba por la sayaña (parcela de tierra individual) dentro del ayllu (conjunto de tierras de varios comunarios no necesariamente colindantes entre sí) en una unidad como propiedad comunitaria indivisible. La ley respondía a una visión ideológica y modernizadora que no entendió esta realidad histórica y cultural, en parte porque la suponía retardataria y en parte por los obvios intereses de expansión de los latifundistas.

Contra lo que se cree, Frías no aplicó la ley, que sólo entró en vigencia después de un arduo debate en la convención de 1880 que la puso en vigencia prácticamente sin modificaciones el l1º de octubre de 1880. La revisita ulterior de 1881 (práctica heredada de la colonia) ratificó en los hechos la decisión. Los visitadores mensuraron la tierra, establecieron su titulación y abrieron algo muy importante: un mercado libre de compra y venta de tierras que a la vuelta de medio siglo desarticuló a las comunidades hasta reducirlas a menos de un 25 % de su extensión original, ampliando drásticamente el número de colonos semiesclavizados por el pongueaje y una relación salarial de superexplotación a cambio de la reducción de los comunarios libres. La ampliación del latifundio no pudo llevar adelante una modernización del agro, ni por sus relaciones de trabajo ni por su productividad.

Este período comprendido entre 1880 y 1899 fue escenario de permanentes levantamientos en contra de la revisita, hasta la gran rebelión de Zarate Willca que coincidió con la revolución federal.

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