Segundo Gobierno Sánchez de Lozada 2002-2003

Uno de los objetivos del retorno de Sánchez de Lozada a la presidencia, fue recuperar la imagen y la dirección de las reformas estructurales de su primer gobierno, duramente criticadas (y en algunos casos frenadas o boicoteadas desde el gobierno) en las gestiones de Banzer-Quiroga (ADN-MIR) y desde las posiciones de izquierda contrarias al supuesto liberalismo de ese proceso. Sánchez de Lozada, sin embargo, no hizo una lectura correcta del escenario nacional de principios de siglo. El rechazo masivo a la capitalización lo identificó ante las grandes mayorías como responsable de la enajenación del recurso natural más importante del país, el gas. Se había producido además un recambio generacional que marcó claramente la presidencia de Jorge Quiroga, quien tras siete mandatarios sexagenarios y septuagenarios desde 1979, se posesionó con apenas 41 años (el Presidente civil más joven de la historia). La saga de los Banzer (ya fallecido), Sánchez de Lozada y Paz Zamora, había concluido por razones generacionales y por agotamiento de propuestas.

Hay que subrayar también la diferencia muy grande entre su primer y segundo gobierno. La apertura del primero a independientes e incluso militantes de la izquierda seducidos por el ambicioso programa de cambios, fue uno de sus rasgos distintivos. Técnicos e intelectuales de primer nivel tuvieron cabida en esa gestión. En el segundo gobierno la consigna fue “ahora le toca al MNR”. Un gobierno de partido, basado en prebendas y privilegios para la- militancia y no por la excelencia, sustituyó la lógica anterior. El 35% de voto popular de 1993 que pasó a un reducido 22% en las elecciones de 2002, colocó al Presidente en posición débil, lo que lo forzó a acuerdos apadrinados por los Estados Unidos entre el MNR y el MIR, entre Gonzalo Sánchez y Jaime Paz, cuyos rencores personales nunca se superaron. Los débiles aliados del MBL y UCS no pudieron contrarrestar a un MIR que controló y debilitó al gobernante desde el primer día.

El acuerdo, como en 1989 y 1997 cuando d MIR fue protagonista de gestiones de estado, se basó en un reparto de cargos y cuotas de poder así al 50% para cada uno, desnaturalizando cualquier opción de una gestión que recuperase el espíritu de 1993. La responsabilidad de lo que ocurrió en este periodo fue en consecuencia de ambos líderes y de ambos partidos. El parlamento marcó por su parte una nueva composición que parecía reflejar un cambio histórico, pero que mostró muy rápidamente su incapacidad y la repetición de viejas prácticas prebéndales y de sujeción al ejecutivo terriblemente negativas para el país. La cámara alta tuvo 3 senadores indígenas sobre 27, el 11%. La cámara de diputados contó con 24 indígenas sobre 130 representantes, el 18 %, un crecimiento significativo aunque insuficiente en la proporción de la población india, que de acuerdo al censo de 2001 (manipulado por una pregunta que obligaba a una identificación étnica, desconociendo la categoría de mestizaje) representaba el 62% del total por autoidentificación de los censados y solo 45 % de acuerdo a la lengua materna indígena hablada por los censados.

La oferta gubernamental básica fue la generación de obras con empleos. El principal problema del país, el desempleo, se había agudizado por la recesión. De hecho el gobierno solo pudo paliar la situación con la continuación del “Plañe”, un programa de empleo temporal equivalente al salario mínimo nacional para obras de infraestructura a cargo del gobierno que no pudo encarar la solución estructural del desempleo.

La situación económica que heredó era muy crítica. La recesión que se había iniciado en 1999 remitió leve aunque insuficientemente en el 2002, el 2003 fue el año de inflexión de la economía. El principal problema era el déficit fiscal. En los gobiernos de Banzer y Quiroga subió de 4,65 a 8,81. A pesar de esa realidad, el gasto público se incrementó por la presión del cuoteo político. Al terminar el 2003, el déficit había bajado apenas 0.9 puntos. Para lograr ese resultado se incrementó los impuestos sobre beneficios a las refinerías de petróleo en manos privadas. Se calcula que en 2003 el contrabando le restó al TGN ingresos por 480 millones de U$., alrededor de un 5 % del PIB. Se aprobó el nuevo código tributario cuyo objetivo era hacer más eficientes las recaudaciones. Las exportaciones crecieron en un 17% en el periodo 2002-2003. En tanto, el sistema financiero seguía con dificultades, altos niveles de mora, casi 10.000 juicios a deudores y más de 210 millones de U$. de propiedades agrícolas entregadas en dación de pago. La crisis había dejado a la empresa privada local devastada y exhausta, con serias dificultades, gigantescas deudas financieras y también deudas con el estado (impuestos, Afp's y CNS). El proyecto del “hospital de empresas”, basado en el apoyo a empresas en dificultades que se acogieran al programa, no arrancó por la imposibilidad de acuerdos con los entes financiadores del proyecto.

Los sucesivos conflictos sociales de enero, febrero y septiembre de 2003, debilitaron progresivamente al gobierno y lo llevaron a su caída. Tras los hechos de febrero el MBL se retiró del gobierno. En su mensaje litúrgico de 20 junio de ese año, el cardenal Julio Terrazas describió al ejecutivo como hipócrita y soberbio. En respuesta la administración buscó a la iglesia que aceptó promover un acuerdo nacional que se frustró el 2 de septiembre cuando Evo Morales boicoteó su firma. En agosto de 2003, en un último esfuerzo por reposicionarse, Sánchez de Lozada y el cogobernante Paz Zamora, que habían dejado el manejo político en manos de Carlos Sánchez Berzaín y Óscar Eid, intentaron apuntalarse inútilmente con el ingreso al gobierno del NFR de Manfred Reyes Villa en agosto. Se recompuso el gabinete con un nuevo socio para el reparto de cargos del estado.

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